ASF · Ejercicio fiscal 2018; contratos ejecutados entre 2016 y 2018
La auditoría forense de 2018: la UANL como intermediaria de contratos federales que subcontrataba
Estado: Quedó sin aclarar Al cierre del documento oficial, lo observado seguía sin la documentación que se requirió.
Lo que dice el documento
El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Autónoma de Nuevo León no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; llevaron a cabo la subcontratación de terceros por un monto que excede el 49.0% de los montos convenidos al establecido en la normatividad aplicable.
Transcripción íntegra, sin recortes ni añadidos. Puedes cotejarla con la copia que guardamos. El original está en el sitio de ASF.
De las trece auditorías de la serie 2015–2024, esta es la única forense. La ASF no revisó cómo gastó la Universidad un subsidio: revisó qué hizo la Universidad con el dinero que le pagaron dependencias del gobierno federal por prestarles servicios.
Diez contratos y convenios, una muestra de 407,861.7 miles de pesos, y un dictamen que dice que la UANL «no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia». Quedaron 45,188,178.74 pesos pendientes de aclarar.
El esquema que describe el informe
La mecánica es la misma en varios de los convenios: una dependencia federal contrata a la Universidad —una institución pública, lo que permite adjudicación directa sin licitación—, y la Universidad subcontrata a empresas privadas para hacer el trabajo.
La ley pone un tope a eso. El dictamen dice que la UANL subcontrató por encima del 49 por ciento de los montos convenidos, que es el límite aplicable.
Los casos concretos que enumera el informe:
- Secretaría de Educación Pública. La UANL subcontrató a una persona moral por 17,222.5 miles de pesos. Se presentaron contratos con 23 personas físicas y los informes de esas mismas personas, y la ASF detectó que las firmas de ambos documentos son distintas aun tratándose de la misma persona.
- Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Por un servicio de salvamento arqueológico, la ASF determinó inconsistencias en el pago a las personas físicas y que no existe evidencia de que el servicio se haya prestado, por 14,665.6 miles de pesos.
- BANSEFI, hoy Banco del Bienestar. De tres comprobantes fiscales por 11,300.0 miles de pesos, los conceptos facturados están fuera del alcance del contrato.
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Una factura por 2,000.0 miles de pesos corresponde a la etapa 1 de un proyecto, pero el contrato con la SCT era de la etapa 2.
Las empresas que la ASF pidió auditar al SAT
La auditoría generó dos Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal: solicitudes formales al Servicio de Administración Tributaria para que audite a contribuyentes concretos. La ASF los identifica con RFC.
En la acción 2018-5-06E00-23-0152-05-002:
| Razón social | RFC |
|---|---|
| DPM BUSINESS, S.A. DE C.V. | DBU071212UQ6 |
| TAIVAL CONSULTING, S.A. DE C.V. | TCO161208SS9 |
| COMERCIALIZADORA DANKAL, S.A. DE C.V. | CDA121105MZ3 |
| PROYECTOS TECNOLÓGICOS DO IT, S.A. DE C.V. | PTD091022CD7 |
En la acción 2018-5-06E00-23-0152-05-001, la ASF pidió auditar a GONVICGAR, S.A. DE C.V. (RFC GON100810RN5), a tres personas físicas que no nombra, y —esto conviene no omitirlo— a la propia Universidad Autónoma de Nuevo León, RFC UAN691126MK2.
Una aclaración necesaria sobre qué es esto: pedirle al SAT que audite a alguien no es acusarlo de nada. Es una diligencia. La ASF la promueve cuando quiere que otra autoridad verifique el cumplimiento fiscal de un tercero.
Estos cinco RFC los cruzamos contra el listado del artículo 69-B del SAT. Ninguno de los cinco aparece. El resultado completo está en el cruce con el listado del SAT y se publica exactamente igual que si hubiera salido al revés.
La respuesta de la Universidad, que el informe recoge
El informe incluye la posición de la UANL, y hay que leerla porque explica su lógica. Ante la observación sobre tres de esas empresas, la Universidad manifestó que tienen «conforme a la normatividad universitaria la calidad de aliados» y que han dado «soporte extraordinario a la UANL en diferentes aspectos, en especial con los largos tiempos de financiamiento que en ocasiones han otorgado».
La ASF aceptó parcialmente el argumento: consideró aclarada la forma de selección y contratación, y dio por presentada la documentación comprobatoria. Pero dejó asentado que «prevalece la falta de controles para la administración del personal» que participa en esos convenios, y emitió una recomendación por ello.
Por qué esta auditoría no nombra personas, y nosotros tampoco
El informe describe vínculos entre empleados de la Universidad y las empresas subcontratadas: quién era representante legal de qué, quién tenía firma en qué cuenta bancaria. Y lo hace sin nombrar a nadie: las llama «persona física 2.11», «persona física 2.23», «persona física 8.15».
Es la propia Auditoría Superior de la Federación, con todas sus facultades, la que decide publicar esos hallazgos sin nombres. Nosotros hacemos lo mismo, y no por imitación: porque son particulares no condenados y porque el hallazgo se entiende completo sin sus nombres.
En qué punto está esto
Los 45,188,178.74 pesos figuran como pendientes por aclarar al cierre del informe, el 24 de enero de 2020. La auditoría dejó 3 recomendaciones, 2 promociones al SAT, 2 promociones de responsabilidad administrativa y 4 pliegos de observaciones, y además la ASF solicitó la intervención del Órgano Interno de Control por una irregularidad.
No localizamos constancia pública del desenlace de ninguna de esas acciones.
Con qué parte de la normativa conecta
- Auditoría anual obligatoria a los ingresos de cada facultad de la UANL RGIE · Artículo 13
- Cómo pedirle información a FIME: el marco de transparencia que la obliga RI-FIME · Artículo 97